Ernesto Albán Gómez

En la historia de la Audiencia de Quito, hay dos momentos de especial interés: en 1592, la llamada rebelión de las alcabalas, brutalmente reprimida, y que recordamos ya en estas mismas páginas; y en 1765, la rebelión de los estancos, que motiva el presente comentario.

Singularmente en uno y otro caso la chispa que encendió el fuego fue una decisión administrativa relativa a la economía colonial: en el primero, el cobro de un impuesto del dos por ciento a las ventas de bienes, con escasas excepciones, en los mercados y comercios; y en el segundo caso, el monopolio oficial del comercio de aguardiente (estanco), con la consiguiente carga tributaria a favor de la corona española (impuesto de aduanas).

Pero este segundo levantamiento tuvo características especiales. En la mañana del 22 de mayo de 1765, se anunció por carteles la sublevación de los barrios de Quito, y esa misma noche, con el toque de cam- panas a rebato, los pobladores de los diferentes barrios quiteños se agolparon, se dirigieron a la casa del estanco, situada en la plazuela de Santa Bárbara, derribaron las puertas, ingresaron al interior, destruyeron lo que encontraron, regaron el aguardiente de las barricas por la calle y finalmente prendieron fuego a la casa.

Pero a esta protesta sobre una cuestión puntual se sumó de inmediato una motivación de mucho mayor alcance y significado: no se limitaba a una reclamación sobre impuestos, se trataba de una amplísima demanda y una condena sobre la forma en que se gobernaba la audiencia. En definitiva se planteaba implícitamente un cambio radical en el manejo de la Audiencia; se clamaba contra el mal gobierno, contra los funcionarios venidos de España y empezó a germinar la idea de una total independencia. En un documento de un diplomático inglés en Madrid se encuentra la siguiente reveladora cita: “Nosotros no queremos indulto, porque no hemos cometido crímenes, decían los quiteños: pagaremos las contribuciones, con tal que nos gobiernen nuestros compatriotas” (González Suárez).

Los días y semanas siguientes continuó la sublevación, con un saldo de víctimas mortales mientras los españoles y sus allegados permanecían refugiados en conventos. El pueblo de Quito finalmente cedió cuando la Audiencia abolió los estancos y la aduana y dispuso la expulsión de todos los “chapetones” solteros. Y a diferencia de la revuelta de las alcabalas, las autoridades españolas no tomaron ninguna represalia. Por supuesto, los tiempos eran diferentes. La paz retornó a la ciudad, pero el germen de la independencia quedaba sembrado.

En cuanto a los estancos hay que anotar que no morirían tan rápidamente. Pocos años después, en la misma etapa colonial, fueron restablecidos y extendidos al tabaco (que había adquirido una gran importancia económica), a la pólvora y a los naipes. Y en la etapa republicana, suprimidos por un decreto de la Asamblea Constituyente el 25 de septiembre de 1830, los estancos de aguardiente y tabaco se restablecieron nuevamente, se agregaron luego la sal (en 1904) y los fósforos. Durante más de un siglo constituyeron una fuente importante de financiamiento del presupuesto del estado. Son incontables las leyes, decretos supremos, reglamentos y acuerdos, con los cuales se regularon su funcionamiento, tarifas, ampliaciones, exoneraciones y beneficios.

Pero hubo algo más: los estancos fueron un importante factor político para los distintos gobiernos. Con ellos se pagaron favores a partidarios, se los utilizó en las lides electorales e inclusive se los convirtió en una fuerza de choque. Inevitablemente, a mediados del siglo pasado empezó su declinación, se convirtieron en un anacronismo económico y su turbia historia los condenó en forma definitiva

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