Invitada – Olga Ginevra Cavallucci

La negociación consiste en un proceso estructurado y preparado entre dos o más partes dirigido hacia la generación de un acuerdo que deje relativamente satisfechos a los intereses de los actores involucrados. A partir de esta definición -y a partir del análisis de la paralización nacional de octubre 2019 en Ecuador-, el presente estudio de caso evidencia dos puntos centrales: el primero, se refiere a que el Decreto Ejecutivo 883 para suspender al subsidio a las gasolinas configuró una negociación fallida del Gobierno Ecuatoriano; dicha negociación fracasó por no haberse preparado el proceso, tal y como recomienda el modelo colaborativo-integrativo de negociación impulsado por la Escuela de Harvard. El segundo, se refiere a que las negociaciones fallidas siempre representan un costo. Las dramáticas consecuencias de la movilización nacional del mes de octubre del 2019 fue una clara evidencia de este escenario.

Los antecedentes y un primer análisis de la coyuntura nacional

El día martes 1 de octubre del 2019, el Gobierno del Ecuador comunicaba abruptamente al país por medio del Decreto 883 un paquete de medidas económicas.

Con dicho documento se liberaban los precios de las gasolinas extra, ecopaís y diésel. De este modo, el ex presidente de Ecuador, Lenin Moreno, eliminaba los subsidios a las gasolinas–y con ellos más de cuarenta años de una medida continuada en el país andino. Como resultado, se truncaba un modus operandi sui generis, que no tiene más precedente al mundo que no sea Venezuela, un reconocido “rock state”, es decir, un “país fallido” en terminología de las relaciones internacionales. Según el decreto presidencial “el precio de venta en terminal para la gasolina súper, extra, extra con etanol, diésel premium
y diésel para el sector automotriz, sería determinado a base mensual por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, con base al costo promedio ponderado, más los costos de transporte, almacenamiento, comercialización de la Empresa Pública Petroecuador y los tributos correspondientes. El anuncio del decreto y de sus implicaciones para el consumidor final desataron un gravísimo paro nacional en dos momentos: una primera, liderada por Cámara de Transporte Público Masivo de Quito, así como la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros y una segunda, liderada por el movimiento indígena.

A raíz de las manifestaciones, el país estuvo convulsionado durante 11 días: actos vandálicos en la capital de la República, en Guayaquil y en otras ciudades protagonizaron aquellos días, que culminaron con gravísimas pérdidas humanas y materiales. El conflicto escaló a tal punto que la propia democracia y paz social estuvieron en riesgo por mano de grupos extranjeros subversivos que exacerbaron las manifestaciones y que introdujeron un componente de violencia desconocida en el Ecuador. Adicionalmente, el país dio prueba de una escasísima resiliencia a una crisis, puesto que, en cuestión de apenas unos pocos días la capital del país estuvo acorralada, fuera de control y hasta desabastecida de víveres y agua en algunos sectores.

Las turbulencias callejeras, la escalada de violencia, el vandalismo y el enfrentamiento social culminaron con una negociación pública entre el ex Presidente del Ecuador Lenin Moreno y el líder de la CONAIE Jaime Vargas. Luego de tres horas de debate–y con la mediación de las Naciones Unidas- el país finalmente recobraba la paz, se suspendía el paro nacional y se derogaba el polémico Decreto 883. El statu quo se imponía de nuevo, pero con altísimos costos sociales, políticos, económicos y materiales.

Más allá de opiniones y criterios políticos -que trascienden este espacio de análisis- el hecho es que un subsidio a las gasolinas distorsiona el precio de mercado, estimula el contrabando de estos productos hacia países vecinos y finalmente, encarece las cuentas del Estado, puesto que se asume el pago de un pasivo que no beneficia sino a sus destinatarios, sin discriminar entre usuarios. Así, en los cuarenta años de vigencia, los subsidios a los combustibles le han costado al país más de $ 60.000 millones según fuentes periodísticas locales.

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